Entre obras y caos: el colapso vial de Cumbayá
Las obras en la avenida Oswaldo Guayasamín expusieron más que un problema temporal de tráfico: evidenciaron los límites de la movilidad en Cumbayá, donde el crecimiento urbano, la alta demanda y una planificación cuestionada convierten cada trayecto en un desafío diario, especialmente para los usuarios del transporte público.

Alrededor de 100.000 vehículos circulan cada día por la parroquia de Cumbayá, según datos de la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). La cifra resulta preocupante cuando la fluidez se ve alterada por intervenciones públicas como la rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín. En ese contexto, el tránsito deja de ser un inconveniente cotidiano y se transforma en un problema estructural que afecta directamente a quienes estudian, trabajan o atraviesan este sector.
En Cumbayá residen aproximadamente 40.000 personas que se movilizan a diario por sus calles. La parroquia funciona como un punto estratégico de conexión entre el Valle de los Chillos, Quito y Tumbaco. Por ello, miles de ciudadanos provenientes de estas zonas la atraviesan todos los días para cumplir con sus actividades académicas, laborales o comerciales. Esta dinámica incrementa de manera sostenida la presión sobre una red vial que ya presenta limitaciones.
Al tratarse de uno de los sectores con mayor actividad comercial en el valle, la movilidad eficiente se vuelve indispensable. En Cumbayá operan centros comerciales, instituciones educativas y una amplia oferta de servicios que dependen directamente de un flujo constante de personas. Cada retraso no solo afecta a quienes se desplazan, sino también a la dinámica económica del sector, donde la puntualidad y el acceso resultan claves para su funcionamiento diario.
Esa necesidad contrasta con una realidad marcada por la saturación constante de sus principales arterias. Vías como la Interoceánica y la avenida Oswaldo Guayasamín concentran gran parte del tránsito, lo que provoca cuellos de botella en horas pico y limita la capacidad de respuesta ante cualquier intervención o incidente. A esto se suma un punto crítico: el redondel del Scala Shopping, por donde convergen los vehículos que llegan desde la capital y los sectores aledaños del oriente, convirtiendose en un nodo de alta presión vehicular. Esta dependencia de pocas rutas evidencia una infraestructura que ya no responde a la demanda actual y que, frente a obras o cierres, colapsa con facilidad.
Un informe técnico elaborado por Sebastián Montúfar, presidente del directorio del Colegio Menor San Francisco de Quito, en el marco de un proyecto conjunto entre la Universidad San Francisco de Quito, Paseo San Francisco, el Colegio Menor y la consultora A & V, revela que el flujo vehicular registra un crecimiento anual superior al 7%. Además, el estudio indica que cada día se realizan cerca de 60.000 viajes en transporte público. Este dato evidencia que una parte significativa de la población depende de estos sistemas, los cuales también resultaron afectados por los cierres viales ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), responsable de la intervención.
La versión institucional
“También trabajamos con las operadoras de transporte público, porque sabemos que una parte importante de la población utiliza estos servicios”, Katherine Montenegro.
Katherine Montenegro, administradora del proyecto de rehabilitación vial en Cumbayá por parte de la Epmmop, explica que la intervención responde a la necesidad de mantenimiento tras una década sin trabajos de este tipo en la zona. “Ya habían pasado diez años desde la última restauración vial, por lo que era indispensable intervenir”, señala.
El proyecto contempla una inversión de ocho millones de dólares, financiados a través de los peajes. A partir de ese presupuesto, la obra se estructuró en cuatro fases: desde el redondel de Pifo hasta el Chiche; del Chiche al Arenal; desde el Scala Shopping hasta el redondel de Los Bañistas; y, finalmente, desde este punto hasta Miravalle.
Los dos últimos tramos concentraron la mayor carga vehicular entre enero y las primeras semanas de marzo. Montenegro asegura que, antes del inicio de los trabajos, se realizó un análisis de impacto y se establecieron coordinaciones con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la administración zonal, representantes barriales y moradores del sector. El objetivo, según explica, fue reducir las afectaciones en la movilidad.
“También trabajamos con las operadoras de transporte público, porque sabemos que una parte importante de la población utiliza estos servicios”, añade. En ese proceso participaron la Secretaría de Movilidad y la Empresa de Pasajeros, instituciones con las que se definieron rutas alternas para los buses.
En cuanto a la difusión, Montenegro sostiene que la información sobre cierres y avances se publicó a través de los canales oficiales, como redes sociales institucionales y el portal Quito Informa. Además, asegura que se implementaron medidas como contraflujos, desvíos y cierres parciales con el fin de mantener la circulación.
La experiencia en la calle
A pesar de las medidas anunciadas, la experiencia de los ciudadanos refleja una realidad distinta. Usuarios del transporte público coinciden en que la planificación y los tiempos de ejecución afectaron de forma considerable su rutina diaria.
Estudiantes, comerciantes y trabajadores reportan que sus trayectos habituales se duplicaron debido a la congestión, especialmente en zonas críticas como el redondel cercano a un centro comercial importante en la zona, punto donde convergen las vías provenientes de Quito, el Valle de los Chillos y Tumbaco.
Además, cuestionan la elección de las fechas. Consideran que las obras se ejecutaron en un periodo de alta demanda, coincidente con el desarrollo del ciclo académico en colegios y universidades, lo que intensificó el impacto en la movilidad.
Aunque la Epmmop sostiene que realizó estudios previos, los resultados percibidos por la ciudadanía no coinciden con esa planificación. Tatiana Montero, residente de la parroquia, asegura que nunca recibió información sobre el proyecto. “No me dijeron nada, no recibí ningún mensaje. No hubo comunicación entre la entidad y la comunidad residente, al menos en mi sector”, afirma.
La falta de información oportuna también aparece como un factor recurrente en los testimonios. Para muchos, el primer contacto con la obra ocurrió en medio del tráfico.
Trayectos que se alargan
Eduardo Basantes, Stephany Melo, Emilia Fonseca y María Copa, comerciantes y estudiantes en Cumbayá, comparten una experiencia similar: retrasos constantes en sus desplazamientos. Todos dependen del transporte público y aseguran haber llegado tarde en múltiples ocasiones debido a la congestión registrada en los alrededores del Paseo San Francisco.
Basantes relata que su trayecto habitual, que tomaba alrededor de 40 minutos, llegó a extenderse hasta una o incluso dos horas. “Dependía de qué tan fuerte estaba el tráfico o si había presencia de agentes que ayudaran a controlar la circulación”, explica. Según su testimonio, no siempre existía apoyo suficiente en la zona.
Fonseca, por su parte, cuestiona la efectividad de los desvíos. “Las rutas alternas fueron ineficientes. En ciertos puntos solo había una calle angosta donde también se acumulaban los vehículos”, comenta. Esa misma vía servía como paso para buses, lo que agravaba la situación.
Incluso quienes intentaron anticiparse saliendo más temprano no lograron evitar los retrasos. El volumen de tráfico resultaba impredecible y, en muchos casos, inevitable.
Melo describe su experiencia como una travesía diaria. Un tramo que normalmente le tomaba diez minutos pasó a requerir al menos treinta. Copa también percibió el impacto: su recorrido se extendió aproximadamente veinte minutos durante el periodo de intervención.

Otro elemento que se repite en los testimonios es la falta de información clara y directa. Todos los entrevistados coinciden en que no recibieron avisos previos sobre el inicio de las obras.
Algunos admiten no haber consultado los canales digitales oficiales; sin embargo, señalan que tampoco observaron campañas informativas en televisión, mensajería instantánea o a través de organizaciones barriales. Esta ausencia contrasta con la versión institucional, que asegura haber difundido la información a gran escala con anticipación.
La percepción ciudadana evidencia una brecha entre la estrategia comunicacional y su alcance real. En un contexto de alta dependencia vial, la falta de información se convierte en un factor que intensifica el impacto de cualquier intervención.
Una problemática que persiste
De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos se extenderán hasta el 4 de abril. Mientras las máquinas avanzan y el asfalto se renueva, la movilidad en Cumbayá sigue en deuda con quienes la transitan a diario. Las obras, necesarias para sostener una infraestructura que ya mostraba desgaste, terminaron por evidenciar un problema más profundo: una red vial que no responde al ritmo de crecimiento del sector y una planificación institucional que no logra anticiparse a sus propios impactos.
Entre desvíos improvisados, trayectos que se alargan y una comunicación que no alcanza a todos, la experiencia de los ciudadanos deja una conclusión clara: el problema no fue únicamente intervenir las vías, sino cómo y cuándo hacerlo. Porque en un territorio donde miles de personas dependen de pocas rutas para movilizarse, cada decisión pesa.
En ese escenario, surgen posibles alternativas: ajustar los horarios de intervención, seleccionar periodos de menor demanda y fortalecer la coordinación entre instituciones. Estas medidas podrían reducir el impacto de futuras obras y evitar episodios de congestión como los registrados en los primeros meses del año.
